La resistencia indígena en el brasil temerario

El Gobierno de Michel Temer en Brasil decidió suspender las demarcaciones de tierras indígenas, lo que expuso a comunidades y territorios al saqueo de los bienes naturales por parte de las industrias extractivas.

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Del 24 al 28 de abril de 2017 se reunieron en Brasilia, capital de Brasil, más de 4 mil indígenas en el llamado “Campamento Terra Livre” bajo el lema “Demarcación YA”. Los manifestantes exigían que el gobierno de Michel Temer volviese atrás con algunas medidas, principalmente la propuesta de cambiar la autoridad que rige el proceso de demarcación de sus tierras, que se pretendía trasladar desde el poder Ejecutivo al Ministerio de Justicia y la continuación y finalización del proceso de demarcación de sus tierras ancestrales. Si bien en principio se les había prometido una audiencia pública con la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa, un grupo de 80 indígenas que quiso acceder al Senado fue impedido de entrar al recinto por la Policía Militar, que los recibió lanzándoles gases lacrimógenos [5]

Los indígenas fueron en un primer momento, escoltados por la Policía en su caminata desde el campamento al Senado, de donde fueron brutalmente expulsados. Los líderes indígenas contaron luego que un grupo de ellos fue abordado de forma violenta y provocado por los policías. Al llegar al edificio, fueron detenidos por un gran contingente de la Policía Militar que incluía la caballería. [6]

El Campamento Terra Livre se organizó de manera de coincidir con la Huelga General que se realizó el día 28 de abril, en repudio y rechazo a las políticas de retirada de derechos del gobierno de Michel Temer. Esta huelga paralizó al país y reunió a unas 40 millones de personas que salieron a las calles a manifestarse en contra de las impopulares medidas del gobierno – al que consideran golpista e ilegal tras haber llegado al poder por la destitución de Dilma Rousseff – y para expresar su profundo rechazo a las políticas de desarme de derechos que está llevando adelante el Estado. [11]

Una de las políticas que está impulsando el Gobierno que más rechazo social ha generado, es el ataque a los derechos de los pueblos indígenas. La remoción del presidente de FUNAI (Fundación nacional del indio) por “ser defensor de la causa indígena delante de un ministro ruralista”, según definieron guerreros de la tribu Munduruku [05] ha provocado expresiones de preocupación y repudio en varios pueblos indígenas del país. En el estado de Pará, al norte, un bloqueo de ruta por parte del pueblo Munduruku generó la unión temporaria de indios y camioneros en un reclamo compartido. Armados con arcos y flechas los Munduruku bloquearon el tránsito en la autopista TransAmazónica, en un punto clave para el transporte de la producción de soja hacia el río Tapajós, generando con la protesta una fila de más de 40 km de camiones por más de una semana. En un principio esta acción generó hostilidades entre ambas partes, pero luego de que tanto indígenas como camioneros se reconocieran como víctimas de las políticas gubernamentales, ambos grupos tuvieron oportunidad de generar apoyo mutuo para sostener el corte durante varios días, liberando la ruta recién el día 4 de mayo y logrando amplia visibilidad social.

Hay una creciente conciencia social de la importancia que la diversidad cultural significa para Brasil y el rol protagónico que estas comunidades indígenas han tenido históricamente

Los representantes indígenas explicaron las razones del bloqueo que están relacionadas al desmantelamiento de la institución que debe guardar por sus derechos y llevar adelante el proceso de demarcación de tierras [5]: “Queremos que los funcionarios de FUNAI que estaban trabajando juntos vuelvan a sus funciones. Los necesitamos. Ellos son nuestra herramienta más podersa en la lucha por la demarcación de nuestras tierras. Y no vamos a salir de manos vacías. El (entonces) presidente de FUNAI nos dijo, el viernes, que iría a resolver eso. Pero no creemos más en palabras, queremos que la recomendación de ellos sea publicada en el boletín oficial”, además se explayaron sobre otros reclamos: “queremos que la tierra indígena Sawre Muybu sea demarcada directamente. Es nuestra tierra pero no pasa nada. Los madereros continúan derribando árboles”. Los Munduruku no fueron hostiles con los camioneros sino por el contrario, reconocieron que tanto ellos como los trabajadores del transporte son afectados por las políticas del actual gobierno; el líder indígena Tomas Manhuary Munduruku afirmó: “estamos a favor de los camineros. Ellos también necesitan apoyo. No está bien que el gobierno quiera cortar su derecho a jubilarse”. Ambos bandos acusaron varias veces al gobierno de no escucharlos: “el mayor problema es el gobierno”.[5]

Desde que Michel Temer asumió el gobierno de Brasil, luego de que se demitiera a la presidente electa Dilma Rousseff hace casi exactamente un año atrás, las confrontaciones con el pueblo no cesan y la escalada de violencia con que se reprime a las manifestaciones se expresa directamente en ámbitos urbanos, donde la policía militar no duda en propinar golpes, gas lacrimógeno y bombas antidisturbio, como en la inacción de las fuerzas policiales ante hechos de violencia perpetuados contra comunidades rurales por pistoleros contratados. El multitudinario campamento “Terra Livre”, que se construyó en la capital brasilera en simultáneo con la mayor huelga de la historia del país, posibilita pensar que es posible una resistencia conjunta entre los sectores urbanos y rurales afectados ambos por los cambios en la política social y económica del nuevo gobierno. También el apoyo generalizado en la sociedad que los reclamos de los pueblos indígenas cosecharon [19], no son solo una tímida reacción ante los avances del estado en materia de reducción de derechos adquiridos sino más bien una creciente conciencia social de la importancia que la diversidad cultural significa para Brasil y el rol protagónico que estas comunidades han tenido, sin dudas más visibilizada desde los años 80s junto al movimiento ambientalista global, en el cuidado y preservación del Amazonas y las tradiciones y culturas de los pueblos originarios amazónicos.

Cambios de autoridad en la Agencia de Derechos Indígenas genera preocupación sobre el futuro de las demarcaciones de tierra

El director de la Agencia por los derechos indígenas (FUNAI) Antônio Fernandes Toninho Costa, fue despedido de su cargo el día 5 de mayo, pocos días después de un brutal ataque se produjo en el estado norteño de Maranhao, en el cual más de 20 indígenas fueron atacados y heridos por pobladores que ocupan las tierras que ellos reclaman como propias. El ataque fue ejecutado por rancheros y terratenientes, según las propias autoridades concluyeron [3]

Serraglio es uno de los mayores defensores del PEC 215, una propuesta constitucional que proponía cambiar la potestad de demarcación de tierras indígenas

En un comunicado, el Ministro de Justicia Serraglio explicó las razones de la desvinculación de Toninho Costa: “Considerando que las cuestiones indígenas son de suma importancia para el gobierno, la agencia requiere un manejo más ágil y eficiente, que no teníamos” justificó [3].

Serraglio, un abogado que fue nombrado Ministro de Justicia el último 7 de marzo, ha generado una ola de controversias en los movimientos indígenas y ambientalistas brasileros cuando pidió a los indios que abandonaran sus demandas por el derecho a la tierra. Además se lo acusa de frenar arbitrariamente el proceso de reconocimiento de demandas de los pueblos originarios [1].

Sergio Marubo, indígena del Vale do Javari (AM), región próxima a la frontera con Perú, cree que el Gobierno Federal está dando la espalda a las demandas indígenas. Luego de 55 días en el cargo, el ministro de Justicia, Osmar Serraglio, “no tuvo siquiera una reunión con un indio, pero sí se hizo tiempo en la agenda para encontrarse, a puertas cerradas, con unos 100 propietarios de tierras y ejecutivos acusados de corrupción en la llamada “Operación Lava Jato””, según comentó [5].

Serraglio es uno de los mayores defensores del PEC 215, una propuesta constitucional que proponía cambiar la potestad de demarcación de tierras indígenas desde el poder Ejecutivo al, históricamente controlado por los grupos conservadores, Congreso [1], propuesta ampliamente resistida desde las organizaciones indígenas e instituciones ambientalistas. Según el Instituto Socioambiental, esta propuesta de enmienda a la Constitución buscaba “transferir al Congreso las competencias del Poder Ejecutivo para dar la última palabra sobre la demarcación de tierras indígenas, abrir áreas ya demarcadas para la explotación y devastación y anular procesos de demarcación ya finalizados” [9]

“Nosotros entendemos que este ministro fue elegido con el solo propósito de detener el proceso de demarcación”, expresó Sônia Guajajara, la coordinadora nacional por la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil, “En realidad, él está trabajando de manera que la tierra será entregada a los ganaderos. Estamos en guerra en estos momentos” [1].

Las declaraciones de Serraglio, quien mantiene estrechos vínculos con el agronegocio, al periódico Folha2 afirmando que los pueblos nativos deberían terminar con las discusiones sobre la propiedad de la tierra ya que “la tierra no alimenta a nadie”. El funcionario inclusó agregó que “nosotros les proveeremos (a los indígenas) unos stándares de vida decentes, vamos a terminar de discutir sobre la tierra.” Serraglio fue más lejos aún, insinuando que las ONGs que trabajan por los derechos indígenas solo están interesadas en recibir dinero público y afirmando que los pueblos indígenas deben integrarse a la “cadena productiva”, comparándolos con los indios norteamericanos que tienen casinos y “son productivos”[17]. Además de realizar estas declaraciones que generaron gran indignación, Serraglio no es un hombre que despierte confianza en las comunidades ya que se conoce que alrededor del 30% de las donaciones para se campaña política en el año 2014 fueron hechas por corporaciones ligadas a los negocios rurales, como la industria avícola y productores de herbicidas [2].

El presidente exonerado Toninho Costa declaró a la prensa haber constatado la existencia, en este gobierno, de una “dictadura ruralista” que impide al FUNAI cumplir con su obligación legal de proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas. Incluyó a Serraglio entre los responsables de su salida, lo caracterizó como anti-indígena y reconoció que su presencia en el ministerio da cobertura a los que promueven la violencia contra los indios [6]

La directora de Administración y Gestión, Janice Queiroz de Oliveira, debería asumir la presidencia de FUNAI, pero siendo que se encuentra de licencia médica, asumió temporariamente el general Franlimberg Ribeiro de Freitas. Esta elección no fue bien recibida por todos los indígenas; “eso es una gran preocupación. No nos gusta el elegido. Hablamos varias veces que no queríamos a esa persona, gastamos saliva. Yo veo que esta es la hora de que nosotros los indígenas mostremos a este gobierno que somos seres humanos y tenemos derecho de decir ‘no’. No aceptamos. No nos gusta la nominación” expresó Marcelo Cinta Larga, líder indígena de Rondônia. [14]

El artículo 231 de la Constitución brasilera de 1988 establece que los pueblos indígenas tienen “derechos originales sobre las tierras que tradicionalmente han ocupado” y es el deber del gobierno demarcar y proteger esos derechos. El Estado brasilero oficialmente reconoce derechos indígenas al 13,8% del territorio de Brasil, o sea 1,173,106 km². La mayor parte de este territorio está en el Amazonas. Además de proveer de seguridad y tenencia, garantizar la propiedad de la tierra a los indígenas ha reducido drásticamente la tasa de deforestación [1], sin embargo, los reclamos sobre la tenencia de la tierra son disputados mayoritariamente por empresarios ganaderos y sojeros que ocupan las tierras [1] y expulsan a las comunidades, desmontando bosque para abrir campo para pastoreo o para cultivos. Brasil es el mayor mercado del mundo de agrotóxicos, con un consumo promedio de 130 mil toneladas anuales, principalmente en los cultivos de soja [18].

El cambio de autoridades en el organismo estatal encargado de velar por el cumplimiento del derecho a las tierras ancestrales de los pueblos indígenas ha sido el detonante para que los pueblos se organicen y visibilicen sus luchas, sus resistencias y sus sufrimientos. Las declaraciones de las nuevas autoridades, algunas directamente ofensivas, no hicieron más que alentar el rechazo generalizado a estos cambios y fortalecer los reclamos que venían sosteniendo, ahora con mayor apoyo de otros sectores sociales que también se sienten perjudicados por el gobierno y se solidarizan con las causas indígenas. La lucha por el reconocimiento territorial es clave para que Brasil cumpla con los compromisos asumidos en la cumbre de París contra el cambio climático, pero más aún para lograr mantener con vida los últimos reductos de selva amazónica en buen estado de conservación y los pueblos indígenas que allí viven, sus modos de vida, sus costumbres y conocimientos que son reconocidos como imprescindibles para poder conservar la biodiversidad en áreas de importancia global [20]

La violencia contra las comunidades en zonas rurales se incremnta mientras el estado mira hacia otro lado

Desde 2015, algunos miembros de la tribu Gamela, decidieron realizar una oleada de “retomadas” de las que consideran sus tierras ancestrales, ahora invadidas por ganaderos y madereros

En el estado de Maranhao, el pasado 30 de abril, miembros de la tribu Gamela fueron atacados con armas, cuchillos y machetes por grupos de personas que ocupan las tierras que esta tribu reclama como propia. El Consejo Misionario Indígena, un grupo de monitoreo relacionado con la Iglesia Católica, dijo que las víctimas habían abandonado recientemente tierras reclamadas por ganaderos donde se habían asentado [4]

Desde 2015, algunos miembros de la tribu Gamela, decidieron realizar una oleada de “retomadas” de las que consideran sus tierras ancestrales, ahora invadidas por ganaderos y madereros. Según la ONG Survival International, los poderosos empresarios locales con intereses en los agronegocios están en conflicto con esta tribu hace ya algún tiempo por disputas territoriales. [10]. Debido a esta inestable situación, esa tarde de domingo acontecía, cerca de la localidad de Ares Pinto, una reunión de cerca de 5000 propietarios de tierras de Viana, Penalva y Matinha, municipios vecinos con tierras reclamadas por los indígenas.

Mientras este grupo discutía la situación de “retomadas indígenas” en la región, con la presencia del diputado federal Aluíso Mendes (PTN), que en una entrevista días antes de los incidentes calificó a los Gamela como “pseudo-indios” [12], un casero de uno de los propietarios de las tierras disputadas, llegó al evento alarmando por la invasión de la propiedad por algunos indígenas y afirmando que temía que su mujer fuese rehén de los mismos. Este relato enfureció a los reunidos quienes decidieron hacer justicia por sus propias manos y rápidamente se desplazaron en autos y motos hacia la hacienda tomada. Si bien la Policía Militar había sido avisada de la irrupción de los indios, la fuerza estatal decidió no tomar parte en el asunto y cuando por fin se presentaron en el sitio, el ataque ya había sido efectuado.

El total de heridos llegó a los 22: 17 Gamelas sufrieron algún tipo de herida, entre ellos dos niños y un pre-adolescente. Cinco de ellos fueron baleadas y otros dos sufrieron la amputación de manos por machetazos [13]. Entre versiones encontradas por el total de heridos, los responsables y las creciente violencia en el estado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) de Maranhao, Rafael Silva, denunciaba esta atrocidad como hechos corrientes en las zonas rurales; “el poder público, más específicamente el gobierno de Maranhao, parece desconocer lo que ocurre en el campo brasilero. Se trata de un realidad, como la que vemos en el ataque contra los Gamela, que implica al Estado directamente, a sus instituciones, en el caso de la policía, la comisaría y el hospital, no son lugares seguros” [13]

El año pasado, 61 activistas por el derecho a la tierra fueron asesinados en Brasil, el nivel más alto de violencia desde al año 2003, de acuerdo a la Comisión Pastoral por la Tierra, un grupo también vinculado a la Iglesia Católica. [4]. Brasil lidera el triste ranking de los países donde más activistas por los derechos ambientales han sido asesinados [21] y las políticas del gobierno Temer, que promueven y facilitan la expansión de gigantescos proyectos extractivistas en territorios donde habitan comunidades indígenas y rurales tradicionales no harán sino aumentar esta tendencia.

El gobierno brasilero entrega el Amazonas a las actividades extractivas y condena a los pueblos originarios

La deforestación del Amazonas creció un 29% desde agosto 2015 a julio de 2016, de acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), a pesar de ser el año de mayor recesión económica en la historia del país

Las disputas por los territorios indígenas son parte del lobby de la industria agropecuaria en contra de las restricciones sobre el uso de la tierra. El 21 de Diciembre del 2016, el presidente Temer ratificó una amnistía provisional a una docena de ganaderos que ilegalmente ocuparon 305.000 ha en la Reserva Nacional de Jamanxim, en el estado amazónico de Pará. [1] mientras abogados representantes de la industria ganadera están llevando adelante negociaciones con el gobierno federal para reducir la protección de un área de 10,763 km² en el estado de Amazonas [1], en áreas protegidas que se encuentran contiguas a rutas nacionales, lo que facilitaría la incursión de pobladores y vehículos para realizar tareas de desmonte y reconversión de tierras para pasturas, cacería ilegal y la tala ilegal de especies arbóreas nativas de alto valor comercial.

La deforestación del Amazonas creció un 29% desde agosto 2015 a julio de 2016, de acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), a pesar de ser el año de mayor recesión económica en la historia del país. Esa tasa de deforestación equivalió a la pérdida de 7,989 km² de pérdida de cobertura forestal. [1]

El territorio en disputa en la región de Viana, Estado de Maranhao donde los indios Gamela fueron atacados es un territorio del cual fueron expulsados por la dictadura militar que sufrió Brasil entre los años 1964 y 1985. Estas tierras fueron ocupadas por estancieros quienes desmontaron para criar ganado. Este no es un caso aislado en el que comunidades indígenas son expulsados por la fuerza de sus tierras y reemplazados por terratenientes o empresas forestales o mineras.

El día 19 de abril, nueve trabajadores rurales fueron torturados y asesinados en Taquaruçu do Norte, estado de Mato Grosso do Sul, en otro conflicto por tierras que terminó en masacre. A raíz de las investigaciones para dar con los culpables de este hecho, un empresario del ramo maderero y tres personas resultaron detenidas. Este ataque habría sido motivado por una disputa a causa de la explotación ilegal de madera en la región ya que se conoció que dos de los presos declararon haber sido contratados por el empresario para cometer los crímenes por los cuales se los acusa.

En un documento emitido por la ONU y conocido en estos días, se afirma que Brasil fracasó en proteger los derechos de los pueblos indígenas ante la incursión de emprendimientos extractivos que afectan directamente sobre las vidas de estas comunidades: “Es motivo de preocupación el fracaso del Estado en proteger las tierras indígenas de actividades ilegales, especialmente minería y extracción de madera ilegal”, explicaron los relatores de las Naciones Unidas en el informe distribuido a todos los gobiernos [8]

El día 10 de mayo, en la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentáble de la Cámara Federal brasilera se llevó a cabo una audiencia pública – que no contó con la participación de los pueblos afectados – para negociar un proyecto de Ley del diputado ruralista Mauro Pereira cuyo objetivo es ampliar la lista de actividades y emprendimientos económicos que no deberán contar con licenciamiento. Los puntos más rechazados por las comunidades, grupos ambientalistas y defensoras de los derechos indígenas se encuentran la quita total de obligatoriedad de requerir licencias para actividades pecuarias, agricultura, silvicultura, obras de abastecimiento de agua, dragado de puertos y reforma de autopistas y aeorpuertos y otras actividades que podrían contaminar el medio ambiente. La propuesta permite, por ejemplo, la pavimentación de la ruta nacional BR-319 que atraviesa una de las áreas más preservadas de la Amazonia. El proyecto también plantea la cuasi-eliminación los derechos de las comunidades indígenas a participar de la aceptación o rechazo del licenciamiento para actividades dentro de sus territorios, permitiéndoles solamente la posibilidad de expresarse en audiencias públicas, quedando la última palabra bajo potestad entera del Gobierno. [16]

Según denunció la ONG International Rivers de aprobarse este proyecto se socavarán seriamente las actuales leyes en derechos humanos, protección ambiental y protección patrimonial: “El resultado final de tales ataques, que ya estamos presenciando, incluye la escalada de la violencia, la destrucción de selva y ríos y la marginalización de comunidades indígenas y locales” [15]. Ya el Instituto Socio-ambiental de Brasil informó que esta modificación de la legislación consiste en la mayor regresión de la historia reciente del país y alertó del impacto que significará la reducción de áreas de selva ya que debido a esto, se pone en riesgo el compromiso asumido en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. La tasa de deforestación de bosques en Brasil creció un 29% en el último año.

¿Invitación a tropas norteamericana para realizar ejercicios de rutina en la frontera con Colombia y Perú o algo más detrás de su llegada?

Este jueves 4 de mayo se conoció la noticia de que el Ejército brasilero invitó a su par de los Estados Unidos a realizar ejercicios militares en la triple frontera, entre Brasil, Colombia y Perú. La operación será llamada “América unida” y se realizará en noviembre, con base en la ciudad de Tabatinga, Estado de Amazonas, que es fronteriza con las ciudades Leticia en Colombia y Santa Rosa en Perú, y cercana – unos 700 km – de la frontera entre Brasil y Venezuela.

Esta información no tardó en generar controversia y lecturas contrapuestas. Para el profesor Thomas Heye del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense (UFF), esta invitación es muy llamativa para el contexto de inestabilidad actual de la frontera amazónica entre esos tres países; “no olvidemos que Venezuela, que está hoy en un estado muy tenso, está allí” expresó [7].

Por otro lado, el profesor de relaciones internacionales de la PUC San Pablo, Reginaldo Nasser, considera que los ejercicios militares cumplen más un rol de propaganda. Él no cree que la ocupación militar tenga mucho sentido actualmente; “aquello que está para tomar, en relación a la Amazonia, ellos ya lo tomaron de otra forma: apropiándose de recursos naturales, por medio de empresas”, afirmó [7]

Para el profesor Nasser, la discusión principal debe apuntar al hecho de que los recursos minerales y naturales del mundo, son hoy el objetivo de grandes corporaciones, “tenemos que mirar para la apropiación real de la tierra, los productos, el agronegocio, el desmonte de la Amazonia. Algunas cosas tienen efectos de espectáculo, como esto de las tropas, pero los Estados Unidos se muestran en su economía” [7]

Fuentes:

[1] http://www.climatechangenews.com/2017/03/14/beef-caucus-takes-indigenous-policies-brazil/
[2] http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/brazil/2017/03/1865283-minister-of-justice-criticizes-natives-and-says-that-land-does-not-keep-people-fed.shtml
[3] http://www.bbc.com/news/world-latin-america-39824305
[4] http://www.reuters.com/article/us-brazil-politics-landrights-idUSKBN1811WF
[5] https://theintercept.com/2017/05/05/indios-fecham-transamazonica-e-conquistam-vitoria-com-apoio-de-caminhoneiros/
[6] https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/indigenas-sao-barrados-pela-policia-militar-no-senado
[7] http://desacato.info/thomas-heye-brasil-pode-estar-ajudando-eua-a-intervir-na-venezuela/
[8] http://exame.abril.com.br/brasil/brasil-fracassou-em-proteger-terras-indigenas-diz-onu/
[9] https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-isa/governo-quebra-funai-e-abandona-indios
[10] http://www.survivalinternational.org/news/11684
[11] http://www.nodal.am/2017/04/brasil-centrales-sindicales-realizan-un-paro-general-con-alto-nivel-de-adhesion-y-protestas-en-todo-el-pais/
[12] http://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/06/politica/1494107739_378228.html
[13] http://desacato.info/feridos-e-hospitalizados-chegam-a-22-depois-de-ataque-a-indigenas-gamela-no-maranhao/
[14] http://amazoniareal.com.br/em-busca-de-solucoes-governo-temer-nomeia-general-do-exercito-para-presidencia-da-funai/
[15] https://www.theguardian.com/world/2017/may/10/brazil-archaeologists-ancient-lands-indigenous?CMP=twt_a-environment_b-gdneco
[16] https://medium.com/@MidiaNINJA/ruralistas-pressionam-por-maior-flexibilidade-em-licenciamento-ambiental-307c5cd61ac7
[17] http://www.bbc.com/portuguese/brasil-39510285

[19] http://spbancarios.com.br/04/2017/artistas-lancam-musica-e-video-por-demarcacao
[20] https://www.theguardian.com/environment/2015/apr/23/conservation-and-the-rights-of-tribal-people-must-go-hand-in-hand
[21] http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/19/actualidad/1466330474_587241.html

Última modificación: 8 de junio de 2017 a las 22:50
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