Buscan pena ejemplificadora contra las comunidades mapuches en Neuquén

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Buscan pena ejemplificadora contra las comunidades mapuches en Neuquén

Las comunidades Winkul Newen y Wiñoy Folil, en la cuidad de Zapala, afrontaron otra audiencia, previa al juicio por la defensa del territorio. La causa, que no tiene precedentes en cuanto a la dureza de la imputación, es considerada por un amplio espectro de organizaciones sociales y personalidades como un claro avance represivo para garantizar la explotación hidrocarburífera en la región.

El 13 de abril pasado se llevó adelante la audiencia de reformulación de cargos en la causa contra los dirigentes mapuches Relmu Ñamku y Martín Maliqueo, de la comunidad Winkul Newen, y Mauricio Raín, de la comunidad Wiñoy Folil. La fiscal Sandra González Taboada pidió 15 años de prisión, en consonancia con la querella. Mientras que los abogados defensores Emanuel Roa Moreno y Darío Kosovsky, solicitaron el cambio de carátula en el caso de Ñamku, de “tentativa de homicidio agravado con alevosía” a “lesiones graves”. El motivo es que los relatos de los mismos hechos no se condicen con la acusación que realiza la querella. También solicitaron el sobreseimiento de Maliqueo y Raín.

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En la audiencia, la querella comenzó con planteos dilatorios y pedidos de prórrogas para incorporación de nuevas pruebas realizadas por el perito Enrique Prueger, el mismo fue rechazado por el juez tras el primer cuarto intermedio. El último punto que se discutió fue el ofrecimiento de pruebas de las partes, en donde se dio un debate sobre a qué queda y qué se incorpora. Kosovsky opinó que “hay pruebas que no pueden acreditar nada, por ejemplo, unas piedras que están embolsadas y fueron secuestradas diez meses después del hecho, por la policía provincial”.

“El conflicto no es el lanzamiento de una piedra”

Kosovsky alertó de la gravedad que significa sostener esta carátula, que “impide cualquier resolución compositiva de la causa, no permite la aplicación del criterio de oportunidad, no permite la suspensión de juicio a prueba, una mesa de diálogo u mediación penal, ya que el Código Penal estipula que no pueden darse estas salidas en penas tan altas como la que pide la Fiscalía. Además de rechazar nuestro pedido [la Fiscalía] adelantó que en juicio pedirá una pena superior a los 15 años de prisión efectiva”.

“Claramente hay una política criminal autoritaria en el Ministerio Público Neuquino”, enfatizó Kosovsky. “Al no encontrar sustento legal, la calificación que se intenta aplicar al caso es arbitraria, es decir, que las han usado a piacere y han intentado amarrar eventos o hechos históricos a calificaciones que son imposibles de ajustar, con lo cual eso implica que hay arbitrariedad en la persecución penal, no hay justicia ni legalidad” agregó.
“Trabajamos para demostrar que el conflicto no es el lanzamiento de un piedra y la lesión de esta persona, sino que el conflicto real es entre el Estado, las petroleras y la comunidad, quedando este hecho como variable de ajuste que utilizan para evitar cualquier tipo de resistencia”, sostuvo el abogado defensor al realizar un balance de la audiencia. El día 16 de abril las partes volverán a juntarse para acordar si será un juicio por jurados o por Cámara.

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Solidaridad

Luego de la audiencia tuvo lugar un acto con la oratoria de las distintas organizaciones que se hicieron presentes en solidaridad. Entre ellos se encontraban el líder qom Félix Díaz, Pablo Pimentel, de APDH La Matanza; Sofía Gatica, de Madres de Ituzaingó; el dirigente mapuche Nilo Cayuqueo, también representantes del Sindicato Ceramista, de la seccional local del sindicato docente ATEN, dirigentes de Movimiento La Dignidad, Movimiento Socialista de los Trabajadores, Partido de los Trabajadores Socialistas, Convergencia de Izquierda, asambleas ambientales de Allen y Mendoza y comunidades mapuches de la zona, entre otros.

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