Delitos financieros: ¿por qué no hay “arrepentidos” en Argentina?

Delitos financieros: ¿por qué no hay “arrepentidos” en Argentina?

Nota publicada en La Izquierda Diario, por Julián Maradeo, que incluye un reportaje a Agustín Carrara.

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Cuando a mediados de junio Hernán Arbizu, ex vicepresidente de la banca JP Morgan para la región, viajó hacia Estados Unidos, donde enfrenta cargos por fraude bancario y robo de identidad agravado, dejaba atrás 8 años en los que las dos causas que se iniciaron por lavado de dinero de las principales fortunas del país apenas si habían registrado algún movimiento.

A cargo de Banca Privada unidad de negocios que se dedica a la administración de fortunas de grupos económicos y de familias del JP Morgan durante casi una década, ya en 2008, en una entrevista realizada en el departamento de su abuela, en el microcentro porteño, Arbizu decía que “en Argentina no se investiga lo que denuncio porque la mayoría de los políticos tienen la plata afuera”. La causa por lavado y evasión ya se encontraba en manos del juez Sergio Torres. A pesar de que pasaron los años, se mantuvo en el cajón. Luego, un expediente conexo fue a parar al juzgado de Sebastián Casanello, quien, recién en 2013 lo llamó a declarar, pero luego todo quedó en el limbo.

Entre la llegada de Arbizu al país escapando tras un fraude en una “cuenta del narcotráfico” en Paraguay y su retorno a Estados Unidos, aparecieron los casos de Hervé Falciani y Stephanie Gibaud. Un denominador común: bancos poniendo sus estructuras para el lavado de dinero, entre otros, de argentinos.

Mientras una parte de las legislaciones de Occidente avanza en la creación de la figura de informante interno (whistleblower) e incluso se bonifican los aportes de información sustancial, en Argentina, quien se anime a revelar ilegalidades de este tipo se expone a un enorme riesgo.

El especialista Mateo Bermejo, coordinador de la Maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Nacional de Cuyo, explicó que “habría sido Ralph Nader quien propuso por primera vez, en 1970, que el whistleblowing fuera utilizado como un medio de controlar las infracciones legales de las empresas y la administración pública”.

Luego de citar el caso Commerzbank en Alemania y Enron y World Com en los Estados Unidos, donde los informantes internos cumplieron un rol clave en el descubrimiento de los delitos cometidos por las empresas y sus directivos, Bermejo puso como ejemplo la ley británica Public Interest Disclosure Act (1998) y la estadounidense Sarbanes Oxley Act (2002), en cuyos articulados se incorporaron formas de protección a quienes exponen las irregularidades cometidas por las empresas. En ese sentido, concluyó: “Si los incentivos legales no son los adecuados existen buenas razones prudenciales para que los individuos eviten los riesgos que supone reportar irregularidades”.

Argentina no es cualquier lugar. Alcanza con reseñar los tres casos mencionados, los cuales irrumpieron en apenas un lustro. Arbizu se radicó en el país en 2008 tras falsificar la firma de uno de sus clientes para pasar el dinero de su cuenta a la de un narco paraguayo. En ese momento, con una vasta información a cuestas llegó a Argentina después de trabajar en el Citibank, Deutsche Bank, Bank Boston, Unión de Bancos Suizos (UBS) y, finalmente, JP Morgan.

Instalado en el país, el chaqueño denunció las distintas formas que los bancos ofrecían a las fortunas más importantes de la región para evadir impuestos y lavar dinero. Sus clientes debían contar con un mínimo de 25 millones de dólares de liquidez, lo que hace un patrimonio de alrededor de 100 millones de dólares. En 2013, aportó una lista de 500 nombres con sus respectivas cuentas, entre quienes aparecían accionistas del Grupo Clarín, Carlos Pedro Baquier, Carlos Bulgheroni, las familias Constantini y Bemberg, etcétera.

En ese mismo 2008, la francesa Stephanie Gibaud, directora de Comunicaciones y Ceremonial de UBS, comenzó a archivar las fichas de miles de clientes que evadían impuestos. Había entre 3000 y 4000 cuentas de argentinos, presuntamente no registradas en el país, las cuales estaban radicadas en UBS de París y Ginebra. Hostigada por el banco y los servicios de inteligencia, en 2014 publicó el libro titulado: “La mujer que sabía verdaderamente demasiado. Los entretelones de la evasión fiscal en Suiza”.

Luego de reunir, desde 2006, 130 mil cuentas que el HSBC administraba en Suiza, el ingeniero tecnológico ítalo-francés Hervé Falciani fue detenido en 2008 por las autoridades helvéticas. Recluido en Francia, antes de instalarse en España, se dio a conocer la “lista Falciani”, donde entre los miles de nombres aparecen 4040 cuentas no declaradas de argentinos. Una de las consecuencias locales fue el desplazamiento de Gabriel Martino, presidente del HSBC Argentina, por parte del Banco Central. Precisamente, la Resolución Nº259 subrayaba que Martino “no dirigió las acciones necesarias para mitigar y abordar adecuadamente el riesgo de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”. Casi sin que avance la causa en manos de la jueza María Verónica Straccia, Martino reasumió a fines de abril de este año.

Como para que quede claro en qué dirección corre el gobierno nacional, Macri puso al frente de la Unidad de Información Financiera a los abogados Mariano Federici y María Talerico. El primero, formado en la Universidad Católica, hasta su nombramiento se desempeñaba en el Fondo Monetario Internacional. En tanto que la segunda proviene del HSBC, eje de la denuncia de Falciani.

Desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) impugnaron ambos nombramientos, ya que los dos funcionarios hasta asumir se habían desempeñado como “defensores de personas y empresas investigadas por lavado de activos. La mayoría de estos profesionales se agrupan en torno a la figura del abogado Juan Félix Marteau, cuyo estudio jurídico se dedica precisamente al asesoramiento y defensa de presuntos lavadores”.

Según el director ejecutivo de Cipce, Agustín Carrara, “en la legislación penal hay legislación de fondo, o sea los delitos financieros concretamente. La de forma, o sea la Ley Procesal Penal, que dice cómo se hace la investigación y el juicio; y algunas cuestiones generales que no son sólo para esos delitos, como el decomiso de los bienes el Estado pasa a ser propietario de las ganancias ilícitas; y la legislación administrativa, que es la que varía con mayor facilidad, ya que son las normas de los organismos de control como el Banco Central, que muchas veces regulan cuestiones generales del ámbito económico y no están pensando en delitos.”

Carrara agrega que “como este tipo de delitos se dan en forma de mercado, que generan estructuras como de una economía sólo que en este caso delictiva, estos mercados criminales se relacionan con mercados informales y legales, la regulación que hagas del mercado legal incide en el mercado criminal. Un ejemplo muy claro es la regulación que pueda hacer el Banco Central del control de cambios, fugas de capitales, exportaciones e importaciones, etcétera.

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