Medios de comunicación: desvirtuando el reclamo legítimo

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Medios de comunicación: desvirtuando el reclamo legítimo

Asistimos a un panorama en el que los conflictos que sostienen pueblos indígenas con diversos actores se confunden en una trama de calificaciones en las cuales intereses diversos compiten por posicionar en el centro un relato que no es sino una manera de construir realidades, iluminar algunos elementos y oscurecer otros.

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En el marco de las luchas por recuperaciones de tierras ancestrales, existen intereses que pugnan por calificar de manera negativa estos procesos alejándolos del horizonte comunitario indígena, y reduciéndolos a una faceta criminal.

Siguiendo lo señalado por Liberpueblo, entendemos criminalización como la pretensión de perseguir penalmente a quienes impulsan procesos sociales de restitución o defensa de derechos. Según la definición propuesta por ellos, la criminalización es simultáneamente una estrategia política y una medida represiva.

Según el Informe sobre la Criminalización de la Protesta “La criminalización de las luchas es una de las formas que asume la represión para inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. En algunos casos es utilizada como paso previo a la represión abierta, directa, y en otros, articuladamente con ésta. Son diferentes mecanismos con el mismo fin de dominación y control social”

En Argentina todas las organizaciones indígenas en procesos de resistencia así como también los organismos que las acompañan saben perfectamente que los conflictos territoriales tienen garantías que los sitúan en un plano específico de la gestión de la conflictividad social. Sería largo enumerarlas, pero insistimos en que son derechos consagrados en la Constitución, incluídos en normativas internacionales y en una batería de normas y jurisprudencia a nivel nacional. Aun así, asistimos a su estigmatización.

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